¡Extraditados! Parapolítica y crisis institucional en Colombia

Publié par Elsie HAAS sur 13 Juin 2008, 09:41am

Catégories : #NUESTRA AMERICA 2008

En un avión de la DEA[1] salieron el 13 de Mayo a toda velocidad hacia los EEUU los Jorge 40, los don Berna, los Mancuso, los Macaco, y toda la fauna de genocidas paramilitares que han sembrado el terror en el corazón del pueblo colombiano durante décadas. ¿Cuál fue la razón dada por Uribe para permitir la extradición? Que los jefes del paramilitarismo no estaban diciendo toda la verdad, que no colaboraban con la justicia y que seguían delinquiendo desde sus celdas. Pero ¿son en verdad estas motivaciones justicieras las que han llevado a la extradición?

Complacencia cuando no hablan, extradición cuando hablan

Es muy curioso que a Uribe nada de esto le importara durante un buen par de años en que nos venía predicando las bondades de su llamada “Ley de Justicia y Paz”, pese al clamor de las víctimas que denunciaban el velo de impunidad garantizada por esta figura legal y a las múltiples denuncias de que el paramilitarismo, en realidad, jamás se había desmovilizado y que seguía operando bajo otros nombres.

Resulta, por decirlo suavecito, “sospechoso”, que Uribe haya tomado esta medida precisamente en momentos en que los jefes paracos estaban empezando a hablar y en que se estaban conociendo los profundos vínculos del paramilitarismo con el círculo político de Uribe, llegando a tocar hasta a su primo Mario Uribe, quien hoy se encuentra tras las rejas por paramilitar. Mientras los jefes paramilitares permanecían en silencio, la “falta de colaboración” de los paracos no parecía importarle a Uribe... pero cuando empezaron a deslizarse fuera de sus labios las verdades incómodas que han llevado a más de 35 de sus aliados en el parlamento a la cárcel, mientras que más de 60 políticos están siendo investigados y a la espera para acompañar pronto a sus colegas tras las rejas, ahí entonces Uribe sale con el cuento de que no cooperan. Ahí, “súbitamente”, se “preocupa” de que siguieran delinquiendo.

La movida de la extradición no puede engañar sino a los más incautos: el objetivo ha sido callar la boca de los paramilitares, que comenzaban a comprometer a todo el círculo de Uribe, y de paso, poder postergar la profundización de la crisis de una institucionalidad que se ha moldeado en décadas de violencia de clase.

La crisis institucional...

Y es que la crisis institucional está calando hondo: los vínculos del paramilitarismo con el Congreso, con el círculo íntimo de Uribe en el parlamento y en gobiernos locales, con su propia familia, con el DAS[2] que vio a su ex-director, Jorge Noguera, arrestado por colaborar estrechamente con el paramilitarismo, demuestra que no estamos sencillamente ante un caso de “infiltración” de las sacrosantas instituciones democráticas por parte del paramilitarismo, como se nos ha querido hacer creer, sino que más bien lo que se evidencian son los vínculos que unen al paramilitarismo y al Estado colombiano en un mismo proyecto de las clases dominantes, cuya máxima expresión es Uribe.

El paramilitarismo ha sido expresión histórica de la clase dominante: mediante él se pueden aplicar los niveles de violencia y terror necesarios para mantenerse en el poder, a la vez que se mantiene la apariencia de una “institucionalidad” limpia. Los paramilitares no son marcianos bajados de un planeta distante, sino que bandas armadas, mantenidas, apoyadas, adoctrinadas y financiadas por la oligarquía colombiana, por sus hacendados, por sus empresarios, por sus narcotraficantes, que son a fin de cuentas la misma gente, la misma clase social.

Y a parte de esto, tenemos las recientes denuncias de compra de votos para la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en el 2006, destapadas por la ex-congresista Yidis Medina –la llamada “yidispolítica”, la cual cierra un nuevo círculo en torno a Uribe, esta vez por cohecho, lo cual ha revelado la extensión del tráfico de influencias en el Estado y la sorprendente naturalidad con que ésta es aceptada por gran parte de los guardianes del status quo.

...y las reacciones desesperadas del uribismo

A esta crisis institucional, el gobierno de Uribe responde, por una parte, con un show mediático a base de súper-computadores anti-bombas, condimentado con “pruebas” de Interpol sobre la sedición extranjera que en realidad no dicen nada[3], con amenazas a denunciantes, jueces y periodistas que hablen mucho de la parapolítica, y ahora con acusaciones absurdas y revanchistas a parlamentarios, periodistas y personalidades nacionales y extranjeras que han trabajado abiertamente por el intercambio humanitario de ser colaboradores de las FARC-EP[4]. La parapolítica les duele, más aún cuando toca las puertas de la familia, y actúan impulsados por esa desesperación, la cual camuflan en base a índices de popularidad ficticios y exagerados, amen de los éxitos militares, también exagerados y comunicados en un lenguaje triunfalista[5].

La extradición puede entenderse dentro de estas maniobras de salvar la institucionalidad, al buscar un respiro al escándalo de la parapolítica mediante el envío de los paracos a EEUU. Pero la crisis de la institucionalidad tiene raíces más profundas y la respuesta de Uribe a esta crisis no ha sido solamente de carácter mediático. Su proyecto de desmantelar la Constitución de 1991 –o para su defecto, de alterarla hasta hacerla irreconocible- mediante la implantación del llamado Estado Comunitario, que tiene importantes paralelos con el Estado Corporativista del fascismo, aunque adaptado a la fase neoliberal y a la subordinación estructural de la clase dominante colombiana a la hegemonía norteamericana, es parte de esta respuesta a la necesidad de adaptar la legalidad vigente a las necesidades del Plan Colombia el cual precisa de un marco de totalitarismo de fachada democrática.

El proyecto autoritario para salvar el “orden”

Este proyecto autoritario, que entre otras cosas busca eliminar y absorber al movimiento popular independiente a la férula del Estado, e hipertrofiar al Ejecutivo por sobre los otros poderes estatales, deshaciéndose así de cualquier eventual forma de oposición, tiene mucha correlación con el proyecto de Laureano Gómez, el admirador de Franco, el arquitecto de “la Violencia” en la década de los ’40 y ’50.

Instaurar tal proyecto no ha sido tarea fácil: la Constitución del ’91 (en el papel, una de las más democráticas y avanzadas en América, lo que demuestra lo acertado del proverbio haitiano de que la constitución es de papel, mientras que las bayonetas son de fierro) ha sido defendida a muerte por el Polo Democrático, que ha hecho de la defensa de la Constitución su bandera de lucha –olvidándose de aquello del cambio social y de que la más democráticas de las constituciones es impotente sin mediar cambios sociales de fondo que afecten en los hechos las estructuras del Poder. Lo último ha sido ampliamente demostrado por la experiencia colombiana desde 1991 hasta la fecha.

Pero por otra parte, las aspiraciones cesaristas de Uribe han incomodado, precisamente, a uno de los poderes del Estado, el Judicial y es esta crisis con la Corte Suprema la que muy probablemente está detrás del hecho de que la parapolítica haya sido siquiera llevada a juicio. Esta crisis ha incluido la querella interpuesta por el mismísimo Álvaro Uribe en contra del presidente de la Corte Suprema por calumnia, así como a la propuesta lanzada por el Ministro del Interior y Justicia[6], Carlos Holguín, y avalada por Uribe, ¡de crear una “Corte Paralela” que pudiera juzgar a los parlamentarios y al presidente por los casos de la parapolítica!

La crisis institucional está lejos de resolverse por lo pronto, pero la parapolítica pareciera fortalecer en ciertos sectores la alternativa totalitaria y cesarista, que ya vienen planteando una nueva reforma constitucional para permitir la tercera re-elección de Uribe... con menos aliados uribistas en el parlamento y más en la cárcel, ¿cuánto dinero tendrán que hacer correr esta vez para lograr la reforma que permita establecer el Tercer “Reich” (perdón, período) de Uribe?

La extradición: un respiro a los parapolíticos que no soluciona la aguda crisis institucional

Mientras la crisis se desenvuelve enfrentando en la clase dominante a aquellos sectores que pretenden mantener el status quo y la Constitución, y aquellos que pretenden modificarla sustancialmente para dar paso a un proyecto totalitario que en los hechos ya se viene imponiendo en el uribismo, se dan, en la base social colombiana, muestras de convergencia de los actores populares en medio de los rigores impuestos por el conflicto.

Estos actores sindicales, campesinos, indígenas, de asociaciones de derechos humanos, afrocolombianos, de organizaciones eclesiales de base, o de mujeres, que se niegan a aceptar la polarización forzada desde arriba en la falsa dicotomía “o FARC o gobierno”, reclaman su derecho a ser actores independientes que echen mano a las transformaciones profundas que requiere la sociedad colombiana y buscan superar el rol auto-impuesto por la izquierda colombiana de no ser más que los eternos guardianes de la constitución. Por tanto vemos que, en medio de las alternativas de los de arriba, hay una apertura en la solución de la crisis que puede ser impulsada a favor de los intereses populares.

Pero por lo pronto, la extradición aplaza la solución definitiva de la crisis, afloja el cinturón a las instituciones y libera algunas de las tensiones que sacudían los cimientos del uribismo. ¿Por cuánto tiempo? Eso está por verse. Los resultados más inmediatos de esta movida de la extradición, por lo que podemos apreciar, son los que siguen:

1. Los 14 jefes del paramilitarismo extraditados, serán juzgados en el frío país del norte por sus vínculos con el narcotráfico, y no por los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Esta inversión macabra en las prioridades de la justicia, demuestra una vez más, que los campesinos y trabajadores colombianos son más baratos que las balas que los matan y que, ciertamente, no representan una prioridad para nadie más que para ellos mismos. Inútil es, por tanto, pedir a este pueblo que confíe en la institucionalidad.

2. Se dificulta la posibilidad de seguir procesos para los familiares de las víctimas del paramilitarismo, y consecuentemente, de que se sigan conociendo los vínculos.

3. Se garantiza así la impunidad de los paramilitares, al enfrentar juicio por los cargos menos graves de narcotráfico. No podemos esperar mucho, además, de la justicia de un país que protege a terroristas como Posada Carriles (para no hablar del terrorismo de Estado que ellos mismos han promovido durante un siglo, con los Bush, Kissinger y Regan a la cabeza, asesinando y oprimiendo a millones).

4. Y se garantiza también un respiro para los empresarios, latifundistas, políticos y militares que estuvieron detrás del paramilitarismo y que ocultaron su programa político cobardemente detrás de las siglas de la AUC.

La ley de la gravedad y la acción popular se encargarán de que la clase parapolítica siga cayendo, pero el riesgo del borrón y cuenta nueva hacia los jefes del paramilitarismo no deja de ser alarmante.

Espero, por último, equivocarme respecto a la impunidad de los paramilitares, aunque ciertamente la búsqueda de la verdad histórica, de la justicia y de la reparación se dificulta. Espero que haya quienes tengan el valor y la entereza de seguir con los casos en contra de los paramilitares y que, a pesar de las intenciones de Uribe, logren seguir destapando los vínculos estructurales del paramilitarismo con el Estado comandado por Uribe. Espero que los sectores populares y organizados colombianos tomen el pulso al momento y aceleren los procesos de convergencia y maduración de una propuesta verdaderamente alternativa a la crisis. En fin, espero que, pese a las dificultades, la mierda que se esconde detrás del círculo político, social y familiar de Uribe siga saliendo a flote... por la verdad, por los desplazados, por las víctimas, por la transformación social.

José Antonio Gutiérrez D.

23 de Mayo del 2008

[1] Drug Enforcement Agency, agencia de los EEUU de control del narcotráfico.

[2] Departamento Administrativo de Seguridad, oficina de inteligencia colombiana.

[3] Que no se pronuncian sobre los contenidos del mismo, que no pueden asegurar el origen del computador, que ningún archivo fue modificado después del 3 de Marzo –dos días después de haber sido supuestamente recuperados en el campamento de Raúl Reyes en Ecuador-, pero que sí hubo “manejo técnico” previo a esa fecha, etc. Ver http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1234

[4] Ver http://www.eltiempo.com/justicia/2008-05-23/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4203533.html

[5] Hemos dicho que es indudable que Uribe ha logrado niveles de consenso importantes, principalmente, en el bloque dominante y desde ahí mediante la polarización de la “opinión pública”, pero los niveles de aprobación en encuestas amañadas que le dan un 84% son risibles. Tan risibles como la popularidad de King Jom Il en Corea del Norte o de Saddam Hussein en el Irak previo a la ocupación yanqui.

[6] Ministerios amalgamados dentro del proyecto centralizador uribista

Posdata sobre la crisis institucional colombiana

En el artículo “¡Extraditados! Parapolítica y crisis institucional en Colombia” (http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=8977), ahondábamos un poco en la crisis de la institucionalidad colombiana desatada por la parapolítica, con la consecuente crisis del Legislativo y los encontrones del Ejecutivo-hipertrofiado, personificado en la figura cesarista de Uribe, con la Corte Suprema, que, de una u otra manera, sigue representando un cierto contrapeso institucional al proyecto totalitario del uribismo. Crisis a la cual se le baja el perfil con un show mediático del gobierno que da para todo, desde lo cómico hasta lo trágico: súper-computadores antibombas de Reyes, declaraciones triunfalistas de guerra, acusaciones sin fundamento a miembros de la oposición política de estar vinculados a la insurgencia, encuestas arregladas de Gallup que inventan una súper-popularidad inexistente, barras de uranio en poder de la insurgencia, etc.

Cuando decíamos que Uribe tenía un nivel de consenso importante –logrado mediante una intensa propaganda de guerra a través de los medios, mediante el terror abierto hacia la oposición de manos del paramilitarismo, mediante la polarización de la opinión pública, y mediante el sometimiento de casi todo el espectro burgués a su estilo personalista y autocrático de gobierno-, a la vez que declarábamos que las encuestas que le daban un 84% eran risibles, tan fiables como las “encuestas de popularidad” típicas de dictaduras asiáticas, denunciábamos la intencionalidad política de Gallup, organismo que se ha hecho famoso por sus encuestas fantasiosas y amañadas hacia la derecha[1]. Estas encuestas, en realidad, no reflejan la realidad, sino que buscan manufacturarla. Mediante la distorsión a la derecha de las estadísticas, buscan generar el efecto “rebaño”, que el ciudadano promedio busque la seguridad del consenso y no ser parte de una posición política aislada, busca desmoralizar a la oposición. Pero las mentiras del régimen no logran ni mellar la moral de la oposición ni logran mantenerse eternamente: la verdad siempre aflora, aunque tarde.

En encuestas recientes, del 20 de Mayo, realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, organismo oficial de estadísticas de Colombia, dependiente del Estado), con una muestra más representativa y con métodos más claros que cualquiera realizada hasta ahora por Gallup, la aprobación de Uribe llega tan sólo al 42%, cifra muy lejana de ese consenso abrumador que machacan los medios hasta la saciedad[2]. O sea, en su mitomanía propagandística, el gobierno colombiano se infla las cifras al doble. Sin embargo, los uribistas siguen esmerados en hacernos creer que son el 85% de la población... aún después de la masiva manifestación del 6 de Marzo que demostró que ese consenso manufacturado en los medios, aunque importante, no es hegemónico.

Por otra parte, el espectro del tercer período de Uribe ronda la escena política, y pareciera ser éste uno de los puntos centrales del proyecto proto-fascista del uribismo, que pudiera detonar una crisis a mediano plazo según lo han hecho sentir los mismos miembros de la oposición institucional. Reproduzco a continuación fragmentos de una entrevista realizada por el periódico El Tiempo, vocero del uribismo, al senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo. Reproducimos parte de esta entrevista, porque corrobora la crisis por la que atraviesa el Estado colombiano en sus tres poderes y los conflictos internos de éste, así como las aspiraciones cesaristas del uribismo:

“¿Por qué habla de ' una vaca' en el Congreso contra la Corte Suprema de Justicia?

Es parte del golpe. Lo primero que tienen que hacer para dar un golpe antidemocrático es acabar con la Corte.

¿Cómo cree que lo van a hacer?

Tienen dos instrumentos y los están usando. La Comisión de Acusación de la Cámara, que juzga magistrados, es de mayoría uribista. Y el segundo es el del Consejo Superior de la Judicatura.

¿Se iría antes de terminar el periodo del actual Congreso?

Eso puede suceder. De un lado el Congreso puede ser cerrado y ese sería el desarrollo del golpe de Uribe, sin que necesariamente atente contra la Constitución. La Constituyente suspende el Congreso.

Pero el error que cometen en el Polo quienes postularon la Constituyente es que piensan que la van a hacer cuando ganen. Eso es ingenuo. Veo la Constituyente como una posibilidad del acuerdo nacional.

Es una invitación a Uribe a que salvemos la crisis profundizando la democracia. Pero también es una salida para la extrema derecha, que capotearía la crisis durante el tiempo que necesiten para la reelección, ya que tienen apoyo popular para un golpe contra la democracia. Ahora, si en Colombia estalla un golpe de este estilo, no podríamos volver nunca a agachar la cabeza contra el tirano.

¿Es un anuncio de rebelión?

Sí

¿Se iría al monte?

La rebelión no necesariamente significa irse al monte, pero la tiranía siempre da el derecho a la rebelión.

¿Si no le gusta el Congreso, por qué no se va?

Es una decisión personal, o también podría ser del partido. Es que ya no vale la pena una opción política en el Congreso. Se discutió la posibilidad de una retirada completa del Polo, que implicaría toda la lista.”[3]

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Así las cosas, pareciera ser que la crisis se profundiza: por lo pronto, la muerte del líder de las FARC-EP “Tirofijo” (Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda), la que ha sido recibida por el gobierno con una mezcla de mentiras –que habría muerto en un bombardeo, cuando en realidad fue de paro cardíaco-, frustración –por su incapacidad de echar manos a su cadáver para exhibirlo como trofeo de guerra- y de retóricas e insustanciales declaraciones de “voluntad de negociación” –planteándose ante los medios como los campeones de la salida política negociada, cuando en realidad, nunca han apostado sino a la vía militar-, la desplazará de las primeras planas, lo cual no significa que desaparecerá como un factor que estará moldeando poderosamente el terreno político de Colombia en lo inmediato y a largo plazo.

Lo que se viene no es fácil, pero ciertamente es una oportunidad que los sectores organizados del pueblo debieran utilizar en beneficio de las capas populares de la sociedad colombiana. Es necesario acelerar y dar sustento al proceso de convergencia de los sectores populares colombianos, proceso que debe hacerse desde la base, desde los movimientos populares, respetando su independencia y autonomía, así como con una discusión profunda pero de ánimo constructivo, sin confundir las diferencias secundarias con diferencias de fondo. De esa unidad de los de abajo dependerá que la crisis no se resuelva mediante una solución proto-fascista que refuerce el imperialismo y la hegemonía de los sectores oligárquicos, en detrimento de los sectores populares, sino que sea resuelta de manera que se vean satisfechas las demandas históricas del pueblo colombiano y que se rompa el círculo hermético de dominación de clase de más de medio siglo.